I La lucha por el TIPNIS y la falla tectónica del estado boliviano.
Paloma Torrez................
... pensar la revolución como parte del progreso es definirla en términos de un tiempo lineal y homogéneo (abstracto), la temporalidad del capital.
(...) la revolución tiene que romper con el mito del progreso y definir su concepto a partir de la temporalidad de la lucha de los oprimidos, de la temporalidad negada en la forma del presente continuo. Eso indica que el futuro pensado como prolongación del presente, como progreso, es parte del mito moderno. Y ese mito es una forma ideológica de la reificación del tiempo en la sociedad capitalista. En otras palabras, la revolución tendría que producir su propio lenguaje a partir de la crítica de esa forma ideológica que la somete y la domestica.
(Sergio Tischler, pensando desde Walter Benjamin en: “Tiempo de la reificación y tiempo de la insubordinación)
Bajo el calor de los yungas paceños, la marcha serpentea lentamente desde el pueblo de Caranavi hacia las moles montañosas cordilleranas que son la puerta de entrada al altiplano andino. El sol intenso acompaña casi todo el día a la columna que asciende rumbo a los 4 mil metros de altura, aún con más de 50 días de marcha, hay cansancio pero nunca se detienen. Los pueblos indígenas que avanzan hoy, tenazmente, a pesar de la sed, el hambre, las enfermedades y la muerte, llegaron como un torrente a La Paz, habiendo escapado de las manos de la policía que los intervino y reprimió de forma brutal dos semanas antes de su llegada a la sede de gobierno.
Rumbo a La Paz: una marcha histórica
La “Gran VIII Marcha Indígena por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)”, se inició el 15 de agosto de este año, desde la amazónica ciudad de Trinidad (capital del departamento del Beni), exigiendo la no construcción del segundo tramo de la ruta caminera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, la cual, al intentar unir dos departamentos (Cochabamba y Beni), partiría en dos el parque nacional y territorio indígena reconocido así constitucionalmente[1]. Muy pocos en ese momento, pensaron que el conflicto adquiriría las dimensiones que luego tomó dentro la política nacional y el llamado “proceso de cambio” boliviano.
Las diversas y variadas acusaciones gubernamentales contra la dirigencia indígena[2], no detuvieron la movilización que recorría a pie un promedio de 30 kilómetros por día, de los más de 650 que debía atravesar para llegar a La Paz, ciudad sede de gobierno.
“Soberbia”, “sordera”, eran las palabras que l@s marchistas utilizaban para referirse a la negativa del presidente Evo Morales de ir a conversar con ell@s al lugar de movilización. Es por esto que las personas decidieron continuar con la caminata, a pesar del envío de ministros de estado, quienes deberían abrir un espacio de negociación, el cual nunca llegó a establecerse realmente, en los nueve intentos consecutivos de diálogo, ya que la postura gubernamental expresada y reiterada allí, era la que el mismo presidente proclamaba: “quieran o no quieran la carretera se construye”.[3]
La ruta de un largo de 305 kilómetros, el 80 % del financiamiento proviene del Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), los otros 20% están financiados por Bolivia. La obra es ejecutada por la también constructora brasileña OAS[1]. La carretera formaría parte del plan de integración vial del gobierno. Según académicos e investigadores que trabajan en los temas de medio ambiente, en realidad, por las condiciones económicas existentes en la zona, la carretera serviría básicamente primero, para intereses de campesinos colonos que se asentaron en el parque nacional, y, segundo, para intereses brasileños ya que forma parte del corredor bioceánico planeado dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA). El impulso a la construcción de mega infraestructuras de este tipo, proviene del gobierno del Brasil, dentro de sus políticas de desarrollo (el “Plan de Aceleración del Crecimiento”, con el cual Dilma Rousseff fundamentó su campaña electoral) que incluye la construcción de las mega represas e hidroeléctricas en la amazonía brasileña, las cuales ya han provocado problemas con los pueblos indígenas en dicho país.[2]
La división que generó el tema se percibía en las discusiones en las calles. Cerca de la vigilia de apoyo a la marcha que se instaló en La Paz, la contraposición de posturas llegó incluso a derivar en peleas a golpes. Era un síntoma del resquebrajamiento de la imagen indígena y descolonizadora de Evo Morales y, mucho más, de la hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). Quedaron por lo menos dos posturas claras, una parte de la población, sobre todo urbana, se sentía defraudada por el accionar del gobierno ante las exigencias indígenas, situación que se agudizó aún más cuando fue ordenada la brutal represión del 25 de septiembre contra los marchistas.[3] Otra parte de la gente, (fuera de los militantes masistas) decidió aún apoyar la postura gubernamental y la construcción de la carretera, considerándola una obra en pro del “progreso” y “desarrollo” del país. El panorama se tornó aún más difícil y complejo cuando la derecha, de la que es ingenuo esperar otra
cosa, que hace tres años golpeaba, torturaba y/o alentaba las palizas a indígenas de tierras bajas y altas, salieron a “apoyar” la marcha. Además el racismo se hizo patente en ciertas zonas sobre todo de las áreas urbanas que comenzaron a tener la fuerza para salir a denunciar que “el indio presidente” no puede o no sabe gobernar.
En los ámbitos urbanos, la solidaridad se expresó en la autoconvocatoria de los maestros, universitarios y vecinos en general, que llevaban ropa, comida, vituallas, medicinas y se acercaron a las diferentes vigilias de apoyo a la marcha, que se instalaron en cada capital de departamento en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. También llamó mucho la atención la participación de sectores de la clase media, además de varios artistas y académicxs, a través de la asistencia de muchos jóvenes que acudieron a la convocatoria de la Confederación Indígena Del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Confederación de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), principales convocantes y sostenedoras de la VIII Marcha, para coordinar las vigilias. También es importante anotar que las organizaciones de la ciudad de El Alto no estuvieron presentes más que en una mínima expresión, en parte por la pelea de posturas dentro de las mismas, ya que por ejemplo la Central Obrera Regional de El Alto y la Fejuve El Alto, con dirigencias cercanas al MAS, estaban enfrascadas en peleas internas. Paulatinamente se unieron sindicatos como la Central Obrera Boliviana, máximo ente representativo de los trabajadores, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el sindicato de maestros urbanos de La Paz.
Después de reagruparse lentamente luego de la violenta intervención policial, a 65 días de movilización, la marcha llegó a la ciudad de La Paz en medio de un multitudinario recibimiento de la población paceña. Casi medio millón de personas salieron a expresar su solidaridad con los pueblos indígenas. Las bandas de guerra de los estudiantes de primaria y secundaria salieron a dar la bienvenida en medio de la mixtura, las guirnaldas, la comida y refrescos que los vecinos habían preparado, los aplausos, las consignas y la alegría que se apoderó de la ciudad.
Ante esta demostración de fuerza, finalmente el gobierno aceptó la exigencia central de la columna indígena, suspendiendo la construcción del tramo caminero, declarando al TIPNIS como zona “intangible” y atendiendo a medias los otros 15 puntos del pliego de demandas el 24 de octubre. El rostro de Morales al promulgar el decreto con el que se sellaron las negociaciones, lo expresaba todo: había tenido que retroceder en sus posturas anteriores y su “quieran o no quieran” se transformó en un obligado “vengo a saludarlos con mucho respeto y cariño, hermanos y hermanas" en plena puerta del Palacio de Gobierno, ante los rostros escépticos de lxs marchistas. Luego, durante la promulgación del decreto, pronunció una amarga reconvención a los pueblos indígenas por no saber por qué estaban marchando y por oponerse a una política de desarrollo apoyada, afirmó, por muchas otras organizaciones sociales.
Las acres discusiones en espacios intelectuales pero también de las personas de a pie, se han centrado en tomar la marcha indígena como una estrategia imperialista y derechista para derrocar el gobierno de Morales. Otros han admitido que la marcha representa una contradicción casi natural, dentro del proceso y que no hace sino fortalecer éste último dentro de los marcos otorgados por el estado.[1] Una parte de la derecha reciclada que revive con el tema TIPNIS, ha apoyado circunstancialmente y de forma absolutamente falsa la marcha, anunciando la “incapacidad del gobierno”, intentando así re - articularse después de su derrota el 2008, ocasionada por campesinos colonos, indígenas y sectores populares.
Es necesario salir de estas interpretaciones, estableciendo primero que la marcha indígena mostró que existen elementos históricos y políticos, también contradicciones, mucho más complejos que no caben dentro de una acusación de “desestabilización imperialista”, o en la interpretación de “contradicción natural dentro del proceso” leído en clave estatal. Y por supuesto, es indispensable rechazar tajantemente las interpretaciones y usos políticos que la derecha hace de la movilización indígena.
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| Foto:Diario Opinion. |
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[1] El Parque Nacional Isiboro Sécure, fue creado como tal ya en 1965, y en 1990 fue reconocido como Territorio Indígena, estableciendo así que en toda el área viven los pueblos indígenas mojeño, yuracaré y chimán.
[2] Las acusaciones vertidas por el gobierno en diferentes momentos de la marcha, implicaron a dirigentes indígenas de organizaciones como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y Confederación de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), con la embajada americana. Luego se acusó a la dirigencia indígena de ser financiada por ONGs, de traficar con los recursos naturales del TIPNIS, de de estar ligados con el ex presidente y prófugo de la justicia boliviana, Sánchez de Lozada. Finalmente, hace unos días, personeros de gobierno anunciaron no seguir con la comisión de investigación que se abrió para averiguar si las ONGs habían financiado la marcha. Entre otras declaraciones que no son anecdóticas, el presidente también pidió a los campesinos colonos cocaleros “enamorar” a las mujeres indígenas del TIPNIS, lo cual creó polémica entre críticas y detractoras de las declaraciones presidenciales (http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483947807)
[3] http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483946596
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138154&titular=tensiones-en-el-proceso-de-cambio-
[5] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137451&titular=constructoras-brasile%F1as-se-expanden-por-am%E9rica-latina-
[6] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138183&titular=belo-monte-marca-un-cambio-radical-de-pol%EDtica-exterior-
[7] La intervención policial a la marcha indígena fue por demás oscura y violenta y se dio luego de que la columna central indígena estuvo varada durante varios días ante un bloqueo que les hicieron campesinos colonos afines al MAS y a Evo Morales en la localidad de Yucumo. El domingo 25 de septiembre por la tarde, a 40 días de caminata, los marchistas, quienes se hallaban descansando, fueron brutalmente reprimidos por contingentes policiales que los dispersaron, golpeando brutalmente a los dirigentes que encontraron, maniatando a mujeres y golpeando y trasladando ilegalmente a los niños. La gente que no fue detenida escapó al monte. Las personas retenidas, fueron trasladadas a buses que llegaron especialmente para tal labor. La pretensión del gobierno fue dispersar la marcha y evitar que ésta llegase a la ciudad de La Paz, llevándose a lxs marchistas a poblados lejanos. Sin embargo, la maniobra fue inútil por la resistencia que protagonizaron pobladores de las localidades de San Borja y Rurrenabaque consecutivamente, quienes no permitieron el paso de los buses que llevaban a lxs detenidxs. Ante la represión se dió una gran presión y descontento social. Cinco funcionarios de gobierno renunciaron al día siguiente, entre ellos el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti y la Ministra de Defensa Cecilia Chacón. El primero al ser señalado como responsable directo de la intervención policial; y la segunda quién argumentó en su carta de renuncia no estar de acuerdo con la forma en que se decidió y llevó a cabo la represión. Todo queda hasta ahora en medio de la incertidumbre, porque el presidente Evo Morales declaró que nunca ordenó la intervención, y acusó a la policía de actuar contra l@s indígenas para desprestigiar su gobierno. La pregunta que queda flotando es: ¿quién, entonces, dio la orden para la represión policial?, ¿el presidente ignoraba la actuación de sus propios ministros más cercanos y fieles? La comisión de investigación que se abrió, recién ha comenzado con la convocatoria a declarar a varias autoridades, lo que se tiene son las negativas del gobierno para aceptar que Morales por lo menos sabía de la intervención policial; las amenazas de los mismos efectivos policiales quienes denunciaron al gobierno por no aceptar su responsabilidad sobre los hechos; y los testimonios de cientos de marchistas quienes testificaron la manera en que los policías los golpearon y gasificaron, trasladándolos a los buses. El otro asunto que quedó sin investigación y que ronda como un fantasma, es el denunciado pedido del gobierno boliviano de aviones a la Sección Anti Narcóticos (NAS), estadounidense, para trasladar a la gente detenida desde Rurrenabaque, ya que había fracasado el plan de llevárselos por tierra (http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/1011/noticias.php?id=28124, http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483950394 y http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483950591)
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